Ser homosexual es causa de expulsión en estos colegios de Bogotá

Esas conductas están tipificadas de manera negativa en los manuales de convivencia de los colegios Corazonista, Hijas de Cristo Rey y Margarita Bosco, en Bogotá, así como en los del María Auxiliadora y el Gimnasio Británico, de Chía.

Lo llamativo es que las normas de esos planteles proscriben el homosexualismo y el lesbianismo no solo en sus instalaciones, sino fuera de ellas.

Textualmente, esos códigos indican que un estudiante con las tendencias sexuales descritas puede ser castigado con “la exclusión” o “terminación del contrato de Matrícula”.

La normatividad revisada de los cuatro colegios mencionados cita la ley 1620 de 2013 (convivencia escolar), pero sin decir que esa disposición legal resalta textualmente que “los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos”.

Es tan importante el tema para esas instituciones que en sus manuales de convivencia resaltan con mayúscula que el homosexualismo y el lesbianismo “son faltas MUY GRAVES o DE ESPECIAL GRAVEDAD”, o “GRAVÍSIMAS”.

Lo anterior significa que estos colegios obvian algunos o todos los pasos administrativos que se tienen previstos a la hora de considerar la expulsión de un alumno. Esto hace que las expulsiones de jóvenes homosexuales puedan ser expeditas o sumarias.

El hecho cobra relevancia tras lo sucedido con el joven Sergio Urrego, cuya familia denunció que la institución en la que estudiaba Urrego sometió al adolescente a una serie de abusos por su condición sexual, situación que lo condujo al suicidio.

Además, esta semana también se conoció el caso del Colegio de la Enseñanza, ubicado al norte de Bogotá, que, de acuerdo con lo revelado por Red Más Noticias, tiene en su manual de convivencia una norma muy similar a la de las mencionadas en las otras instituciones.

En este contexto, también cobra relevancia lo estipulado en la la ley 1482 de 2011, conocida como antidiscriminación, que indica que quien “arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual” será condenado a pagar entre uno y 3 años de prisión, y multado con una suma que va de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por otra parte, esa norma dentro de las circunstancias de agravación incluye que “la conducta se dirija contra niño, niña, adolescente, persona de la tercera edad o adulto mayor”, lo que significa un aumento de hasta la mitad de la pena impuesta.

@PulzoCol

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